Río contaminado: El Rabanillo, cloaca a cielo abierto entre San Pedro Cholula y Cuautlancingo
Denuncia de Julián Romero
San Pedro Cholula, Puebla (14 de mayo de 2025).— Mientras las autoridades municipales se deslindan, el río Prieto —renombrado como Rabanillo al cruzar la avenida Forjadores frente a los baños públicos “Las Brisas”— agoniza bajo toneladas de aguas residuales que se vierten diariamente sin tratamiento, provenientes de las redes sanitarias de San Pedro Cholula y Cuautlancingo. A la vista de todos, el afluente se ha convertido en una cloaca a cielo abierto. Nadie hace nada.
Los colectores marginales conocidos como “La Olla”, en teoría diseñados para contener y encauzar aguas negras hacia plantas de tratamiento, simplemente descargan al cauce como si la legalidad ambiental no aplicara en esta franja metropolitana. La contaminación es visible, pestilente y fluye con constancia. En redes sociales, vecinos y activistas han documentado el uso de estas aguas para el riego de hortalizas, lo que agrava el riesgo sanitario.
La denuncia más reciente fue presentada por el ingeniero Julián Romero Tehuitzil, quien recurrió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para exigir una inspección formal. En el documento —al que esta redacción tuvo acceso— el denunciante señala directamente a ambos ayuntamientos por la presunta violación a normas ambientales federales, en particular a la Ley General del Equilibrio Ecológico y a la NOM-001-SEMARNAT-2021 sobre descargas en cuerpos de agua.
Ante el cuestionamiento ciudadano, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, reconoció públicamente que su gobierno no cuenta con planta de tratamiento y que el problema “lleva muchos años”, exonerándose de responsabilidad con el argumento de la herencia administrativa.
El Estado ausente
El caso no es nuevo. Desde hace años, distintos reportes han evidenciado que tanto San Pedro Cholula como Cuautlancingo han crecido urbanamente sin prever infraestructura suficiente para tratar sus aguas negras. La falta de plantas de tratamiento, de vigilancia y de control por parte de los gobiernos municipales y estatales ha permitido que los colectores marginales sean utilizados como conductos directos al río, lo que contraviene toda lógica de protección ambiental.
La afectación ya no es solo ecológica. Lo que antes fue un afluente de temporal, hoy se ha convertido en un foco de infección permanente. Agricultores de zonas aledañas aún utilizan el agua contaminada para regar cultivos que terminan en mercados locales.
Expertos ambientalistas advierten que este tipo de descargas violan flagrantemente la ley y podrían constituir un delito ambiental. Sin embargo, el manto de opacidad institucional y el vacío de competencias entre los municipios colindantes ha perpetuado la impunidad.
“No es nuestra responsabilidad”
La declaración de la presidenta municipal de San Pedro Cholula resulta particularmente reveladora: “No tenemos planta de tratamiento. Es un problema que ya existía”, afirmó en días recientes durante una entrevista informal. Para Romero Tehuitzil, esta omisión es inaceptable: “Las autoridades no pueden lavarse las manos cuando la contaminación es continua, documentada y afecta la salud pública”.
Por ahora, la denuncia ante Profepa marca un primer intento formal de exigir rendición de cuentas. Habrá que ver si la dependencia federal asume el reto o, como ha ocurrido en otras ocasiones, archiva el caso en el cajón de los conflictos ambientales sin resolver.

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