La elección judicial en Puebla: prueba de fuego para las estructuras de José Luis García Parra y Fernando Camargo
Domingo 1 de junio de 2025
La jornada de votación para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal se convirtió en Puebla en un verdadero laboratorio de operación electoral. Lejos de ser un ejercicio estrictamente jurídico o democrático, se transformó en una contienda silenciosa que puso a prueba la capacidad de movilización de las estructuras gubernamentales y partidistas, especialmente las del coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta, José Luis García Parra, conocido como El Choco, y su brazo territorial, Fernando Camargo Meza.
La meta: un millón de votos
Según fuentes internas, la estructura que comanda García Parra, integrada por 16 operadores distritales, coordinadores operativos territoriales (COTs), coordinadores municipales y responsables de sección, recibió la encomienda de lograr medio millón de votos en el estado. La cifra equivale a la mitad de los sufragios que obtuvo el actual gobernador Alejandro Armenta Mier en la elección de 2024. La otra mitad debía ser aportada por la estructura paralela del secretario de Organización de Morena en Puebla, César Addi Sánchez, apoyado a su vez por el padrón partidista y promotores del voto contratados con sueldos quincenales de 4 mil pesos.
Para alcanzar esos números, ambas estructuras se valieron de bases de datos de beneficiarios de programas sociales, nóminas de trabajadores estatales y municipales, registros de militantes de Morena y listados de supuestos afiliados del SNTE, con una relación de 10 promovidos por cada operador. El mecanismo recuerda los esquemas de movilización típicos de campañas electorales tradicionales, ahora aplicados a un proceso de consulta judicial sin precedentes.
Tensiones internas y auditorías
La preparación de esta elección no estuvo exenta de fricciones. Los equipos de El Choco y del secretario de Gobernación del estado, Samuel García Pala, sostuvieron desencuentros sobre la veracidad de los listados de promovidos. Ambas facciones se acusaron mutuamente de presentar registros inflados o inexistentes.
Ante la desconfianza, el gobernador Armenta designó a su operadora de mayor confianza, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, para auditar los padrones y supervisar la distribución del recurso económico destinado a responsables de sección, movilizadores y voluntarios. Tanús encabezó un operativo este sábado en instalaciones deportivas y auditorios municipales, donde se reunieron los equipos territoriales para recibir las “ayudas” y los instructivos de votación, conocidos como acordeones.
Acordeones y operación de voto dirigido
Tal como se anticipó en semanas anteriores, los movilizadores fueron instruidos para entregar a los votantes una lista de números a marcar en las boletas, correspondientes a candidatos específicos a ministros, magistrados y jueces.
En las guías se incluían nombres de figuras afines a la 4T y al círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para los cargos más altos del Poder Judicial, se promovió el voto para perfiles como Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González, así como otros aspirantes con vínculos académicos, jurídicos o políticos con Morena.
También se manejaron listas diferenciadas por distrito judicial, y se recomendó marcar ciertos números en las seis boletas, dependiendo del cargo. Esos “acordeones” evidencian que la elección judicial fue una operación política más que una elección ciudadana libre.
Nepotismo disfrazado
Entre los nombres promovidos por las estructuras gubernamentales y partidistas se identificaron familiares directos de funcionarios del gobierno estatal y figuras relevantes del partido Morena. Por ejemplo:
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Guillermo Francisco Urbina Tanús, hijo de la secretaria de Movilidad, fue postulado como magistrado de Circuito.
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Grecia Alejandra Gómez Lamadrid Cabello, nuera de Tanús, fue candidata a jueza por el distrito 1.
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Hazel Luz Idalia Mier Arriaga, prima del gobernador Alejandro Armenta y del senador Ignacio Mier, fue promovida para magistrada del Sexto Circuito.
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Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, exmagistrado de Tlaxcala con historial polémico y denuncias periodísticas, también recibió apoyo de las estructuras de movilización.
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Norma Angélica Delgadillo Rodríguez, hermana del operador electoral Alejandro Delgadillo, intentó obtener respaldo de las estructuras estatales, aunque sin éxito debido al veto que pesa sobre su hermano tras diferencias con Armenta.
El trasfondo: lealtad, control y legitimidad
Más allá de los nombres y las cifras, lo que está en juego es el control del aparato judicial y su alineación con los intereses del grupo gobernante. La elección judicial funcionó como un ensayo para medir la capacidad de movilización del aparato estatal, la disciplina de los operadores, la influencia de los programas sociales y la eficacia del control territorial.
El resultado no solo definirá el perfil del nuevo Poder Judicial, sino también servirá como termómetro para evaluar el músculo político de los principales cuadros morenistas de Puebla rumbo a futuras contiendas internas y federales. Quien logre imponer más jueces y magistrados tendrá no solo el favor de Palacio Nacional, sino también una herramienta clave para consolidar su poder local.
La elección judicial de 2025 pasará a la historia como un ejercicio de politización institucional sin precedentes, donde los criterios técnicos y jurídicos quedaron en segundo plano frente a las lealtades políticas, las estructuras de operación territorial y los pactos internos de Morena.
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