Saqueo imparable en Cholula

 

Imagen futura cuando Tonantzin termine su mandato en Cholula.... nada lejano a la realidad.

San Pedro Cholula se ha convertido en un ejemplo crudo de cómo la corrupción se enquista en los gobiernos municipales sin que nadie pague las consecuencias. La presidenta municipal Tonantzin Fernández enfrenta acusaciones directas de irregularidades fiscales y un déficit de 9.5 millones de pesos en las cuentas públicas, detectado por el exsíndico Iván Cuautle Minutti. En noviembre de 2025, su administración fue incluida en la lista oficial de revisiones por anomalías, aunque el proceso avanza con la parsimonia que suele proteger a los señalados.

Fernández responde con el manual clásico: anuncia investigaciones internas contra sus propios funcionarios y amenaza con denunciar al síndico por supuestos conflictos en el mercado municipal, en un intercambio de lodo que solo desvía la atención del desvío real de recursos. Su declaración de “cero tolerancia a la corrupción” resulta hueca cuando las pruebas apuntan al corazón de su gestión. 

Detrás de este desorden persiste la protección heredada del exgobernador Salomón Céspedes Peregrina y la red de políticos de su sexenio, que impulsaron y solaparon el ascenso de Fernández, permitiendo que prácticas de opacidad y saqueo se reprodujeran sin freno. 

Mientras la alcaldesa habla de conspiraciones políticas para desestabilizarla, los cholultecas siguen pagando el costo de un gobierno que administra millones con presunta irresponsabilidad y cero rendición de cuentas efectiva.

Con información de Karen Rubí Palomares y Julián romero Tehuitzil

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Extorsión Interna en Tránsito: El Verdadero Rostro de la Seguridad en Cholula

En San Pedro Cholula, ese municipio que se vende como baluarte de tradición y progreso bajo el mando de la presidenta Tonantzin Fernández Díaz, los policías de Tránsito alzan la voz en un denuncia que apesta a podredumbre desde adentro. No es la delincuencia callejera la que corroe la corporación, sino la dirección misma: el titular Vicente Orlando González Cruz y su operador de confianza, el supervisor Óscar Sánchez –conocido por su placa 207–, exigen a cada elemento una cuota obligatoria de 900 pesos para financiar un festejo programado el 19 de diciembre, todo con el pretexto de "quedar bien" ante la visita de la alcaldesa.

Los uniformados, ya de por sí mal pagados y expuestos a riesgos diarios, deben rascarse el bolsillo no solo para esa "contribución" forzada, sino también para comprar camisas blancas y vestimenta formal con su propio sueldo. La negativa trae consecuencias inmediatas: amenazas de castigos arbitrarios, jornadas extendidas como forma de escarmiento, un régimen de terror interno que humilla a quienes deberían ser el primer frente contra la inseguridad. Mientras tanto, el Ayuntamiento presume presupuestos para Seguridad Pública que, al parecer, no alcanzan para dotar a sus elementos de uniformes dignos ni para reconocer su labor más allá de discursos huecos.
La ironía es brutal: en un municipio que en noviembre reportó una reducción del 17% en la incidencia delictiva –según cifras oficiales que tanto alardea la administración–, la extorsión florece en la propia cúpula policial. Si los mandos intermedios cobran cuotas internas con impunidad, ¿qué mensaje se envía a la tropa y, peor aún, a la ciudadanía? Que aquí todo tiene precio: la lealtad se compra, la obediencia se impone y la seguridad se negocia en lo oscurito. ¿Será esta la explicación de por qué, pese a las mesas intermunicipales y las coordinaciones anunciadas, la percepción de inseguridad persiste y los robos de alto impacto –como el reciente en casa de una abogada– siguen ocurriendo con descaro?La presidenta Fernández, que tanto enfatiza la profesionalización y la cero tolerancia, enfrenta ahora un espejo incómodo: una corporación donde la corrupción no viene de afuera, sino que se incuba en sus propias oficinas. Si no actúa con firmeza –investigando, sancionando y erradicando estas prácticas–, sus logros en papel se desvanecerán ante la realidad que viven sus policías y, por extensión, los cholultecas que pagan impuestos para una seguridad que empieza por casa.